Mi historia profesional en la rama fiscal empezó en 1993, en la Subsecretaría de Ingresos. Nunca me sentí atraído por memorizar las leyes; más bien me gustaba consultarlas, encontrarles el lado y el modo, e imaginar sus alcances. Nunca me llamó la atención aplicar la ley sin reflexionar en su contenido y su utilidad.

Como subadministrador, abarcando lo que ahora hacen los módulos que dan servicios al contribuyente, me tocó innovar algunas cosas. Hoy es común que el material de difusión del SAT tenga imágenes y un diseño amigable, pero en 1995 no era así. Los materiales de difusión eran aburridas hojas con textos, a menudo copiados de la Ley. En Nuevo León me tocó editar y sistematizar cuadernillos de talleres, guías y material informativo, incluyendo gráficos y tablas, que hicieron más fácil su comprensión. Desde aquel entonces entendí que contribuyentes y autoridad formaban un ecosistema donde el entendimiento facilitaba las cosas.

De manera casi paralela al nacimiento del SAT, en 1998 se me nombró administrador jurídico, lo que me llevó a trasladarme de mi natal Monterrey a la ciudad de La Paz, en la península de Baja California.

En el año 2001 ocurrió un hito en mi historia institucional. Estaba por celebrarse una reunión nacional de administradores jurídicos. El en ese entonces Administrador General Jurídico realizó un sondeo interno, buscando a alguien capaz de cubrir un espacio en la agenda de exposiciones para dicha reunión; específicamente, se ocupaba una intervención donde se expusiera el tema de la norma jurídica, la responsabilidad recayó en mi persona.

Más que hablar de los criterios de moda en ese entonces, o intentar imponer mi opinión respecto de un tema u otro, decidí hablar de la necesidad de unificar la normatividad en su conjunto, y propuse que esto se apoyara en tecnologías de la información, contando además con un respaldo legal que le diera obligatoriedad. La reunión pasó al olvido, no así mi tema.

Aquella conferencia tuvo consecuencias para mí, pues se me trasladó casi de inmediato a la oficina de Querétaro, no para que atendiera los problemas de esa localidad, sino para tenerme a la mano por si se ocupaban ideas o sugerencias que llevaran a la realidad lo que había propuesto en mi plática. Incluso Querétaro resultó demasiado lejos, pues a tan solo 3 meses de estar ahí (apenas me estaba aclimatando), se me llamó a incorporarme como administrador de área en la Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos de la Administración General Jurídica (ACNII).

Te sorprendería saber, estimado lector, estimada lectora, que seguramente ya trabajé para ti desde esa ACNII, en la que laboré por poco menos de 18 años – me faltaron 2 meses-. Por mi escritorio pasaron numerosos proyectos de reformas a las leyes fiscales al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; se consolidó no sólo el Sistema Único de Normatividad del SAT, que es la fuente normativa obligatoria hasta nuestros días, sino que se hizo real que la autoridad publicara criterios vinculantes que dan certidumbre a los contribuyentes en temas como aplicación de tasas de IVA, o interpretaciones a la Ley del ISR. Ni qué decir de la colaboración intensa en la elaboración de normas de carácter general (resoluciones misceláneas) o incluso legales (reformas), en temas tan significativos como:

• La automatización del cumplimiento de obligaciones tributarias.
• La implementación de la firma electrónica.
• La creación del recurso de revocación exclusivo de fondo, etc.

Fue infinidad de temas en los que participé activamente. Si tuviera qué resumir cuál era mi trabajo como servidor público, lo haría diciendo que, haciendo uso de aquella vieja habilidad de encontrarle el lado y el modo a la Ley, me encargaba de analizar problemas complejos, identificar los puntos cardinales para su solución o viabilidad, reconociendo objetivamente los riesgos o las debilidades de lo planteado, para luego expresar las ideas que, de acuerdo a mi experiencia y criterio, los llevasen a buen término.

Llegó la transición política del año 2018, y con ella una serie de cambios al interior del SAT. Hay quienes sostienen que estos cambios supusieron la estigmatización de los servidores públicos y una pérdida de prestaciones que motivó una desbandada de funcionarios. A ser sincero, no fue mi caso. A mí se me refrendó la confianza y se me otorgaron mayores responsabilidades; desde diciembre de 2018 a marzo de 2019 se me nombró encargado de la Administración General Jurídica.

Durante ese tiempo de transición me tocó comandar al que considero el despacho jurídico fiscal más grande y complejo del país, el que maneja miles de juicios de nulidad, atiende cientos de autorizaciones de todo tipo, y resuelve miles de recursos de revocación, ese que con sus oficinas distribuidas en todo el territorio nacional atendía al “cliente” más exigente: el fisco federal. Puedo presumir que administré subrayando la importancia de los dos pilares de esta labor: la asesoría, que desarticula problemas antes de que surjan, y la defensa, que requiere de mucha especialización y estrategia.

Como profesional del derecho al servicio de la autoridad fiscal, liderar la Administración General Jurídica es el peldaño más alto al que se un abogado tributario puede aspirar el SAT. Llegó el momento de dejar ese encargo y con ello tuve la disyuntiva de dar un paso atrás, regresando a fungir como Administrador Central de Normatividad de Impuestos Internos, o bien saltar al frente, reconociendo que el ciclo en el SAT había llegado a su punto más alto, y que era tiempo de incursionar en el ejercicio independiente de la profesión. Elegí lo segundo con gratitud y lucidez.

Digo esto porque, a diferencia de algunos profesionistas que, a veces con despecho, presumen de conocer las entrañas del sistema, los puntos débiles de la autoridad, así como la forma de sacarle la vuelta a todo orden, llegando a prometer que saben cómo salir victoriosos al pelear con el SAT, en mi caso pienso que conocer la autoridad -yo también la conozco a profundidad- no justifica la búsqueda de problemas o de plantarse como enemigo del fisco.

Dicho esto, mi propósito al fundar Quardinal es hacer accesible el conocimiento y la experiencia acumulada a lo largo de 25 años de encontrar la manera en que las normas fiscales brinden realmente seguridad jurídica, esta vez, en apoyo de los procesos y la vida económica de nuestros clientes, actuando siempre de forma comprometida, eficaz, respetuosa, contundente.

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